La presidenta Sheinbaum anuncia que se modificará la Constitución para prohibir el maíz transgénico en lugar de apelar el fallo del T-MEC.
Tras el fallo emitido por el panel de resolución de controversias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no se presentará una apelación contra la eliminación de restricciones al maíz transgénico. En su lugar, el gobierno buscará modificar la Constitución para prohibir su importación y siembra en el país. Este enfoque refleja un esfuerzo por alinear las políticas nacionales con los principios ambientales y de soberanía alimentaria.
CAMBIO CONSTITUCIONAL PARA PROTEGER AL MAÍZ NATIVO
Sheinbaum destacó que se llevará a cabo una reunión con SADER y SAGARPA para discutir la reforma constitucional que garantice la prohibición del maíz transgénico. El objetivo es asegurar que todos los actores involucrados estén de acuerdo con la propuesta y que esta sea constitucionalmente sólida. La mandataria enfatizó que esta medida busca proteger al maíz nativo, un componente esencial de la identidad cultural y alimentaria de México, frente a los impactos negativos de los cultivos modificados genéticamente.
IMPACTO AMBIENTAL Y PREOCUPACIONES SOBRE LA MINERÍA
Durante su intervención, Sheinbaum también abordó temas ambientales relacionados con la minería, señalando que es un sector que requiere atención prioritaria debido a sus consecuencias ecológicas. Aunque el enfoque principal fue el maíz transgénico, la mandataria subrayó la necesidad de continuar trabajando en políticas que equilibren el desarrollo económico con la protección del medio ambiente. Este mensaje refuerza el compromiso del gobierno con la sostenibilidad y la preservación de los recursos naturales.
CONSULTAS Y ACUERDOS PARA FORTALECER LA REFORMA
La presidenta mencionó que este día se realizará una reunión clave con el equipo responsable de la reforma para garantizar que se envíe de manera adecuada al Congreso. Durante este encuentro, se discutirán los planteamientos necesarios para consolidar una propuesta que cuente con el respaldo de todos los sectores involucrados. Este paso marca el inicio de un proceso legislativo crucial que podría redefinir la relación de México con los productos transgénicos, priorizando la salud pública y la conservación del patrimonio agrícola nacional.