El Gobierno de Trump está lejos de su meta de deportaciones y busca triplicar los arrestos diarios

Washington, D.C., 28 de mayo de 2025 — Aunque la administración del expresidente Donald Trump regresó con la promesa de endurecer las políticas migratorias y alcanzar cifras históricas de deportaciones, los datos más recientes indican que la realidad está muy lejos de su objetivo. Según cifras oficiales, en abril se registraron 17,157 deportaciones, apenas una fracción del volumen requerido para superar el récord establecido durante el gobierno de Barack Obama.

Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señalaron que la meta informal del equipo de Trump es llegar a más de 400,000 deportaciones anuales, lo que implicaría triplicar el promedio diario actual de arrestos y expulsiones. No obstante, expertos migratorios y analistas señalan que las limitaciones legales, la escasez de recursos humanos y las complejidades de los procesos migratorios hacen que esa cifra sea extremadamente difícil de alcanzar en el corto plazo.

Además del componente técnico, las historias humanas detrás de los números generan cada vez mayor indignación entre organizaciones de derechos humanos. Tal es el caso de Katherina Aguirre, una residente de Houston cuyo esposo fue recientemente deportado a Guatemala, dejando atrás a su familia, incluyendo a dos hijos ciudadanos estadounidenses. “Lo arrancaron de nuestras vidas sin aviso. No somos números, somos familias”, declaró entre lágrimas.

Medios como NBC News y The New York Times han documentado el incremento de redadas en zonas residenciales y centros de trabajo, así como el uso de nuevas tecnologías para identificar a personas con órdenes de deportación. Sin embargo, también han reportado un creciente temor y retraimiento entre comunidades migrantes, que temen asistir a escuelas, hospitales o incluso salir a trabajar por miedo a ser detenidos.

Pese a estos esfuerzos, las cifras muestran que la estrategia aún no alcanza el nivel de presión prometido por la retórica oficial. Algunos funcionarios dentro del propio DHS han advertido que la administración estaría considerando medidas aún más agresivas, como despliegues masivos de agentes de ICE o la eliminación de ciertas protecciones procesales.

Organizaciones como la ACLU y Human Rights Watch han condenado públicamente estas políticas, argumentando que se está promoviendo un clima de “terror migratorio” que socava derechos humanos básicos y debilita el tejido social de comunidades enteras.

Mientras tanto, familias como la de Katherina siguen enfrentando las consecuencias más dolorosas de una política que pone los números por encima de la dignidad humana.