Washington, D.C.— En una decisión que ha generado reacciones a nivel internacional, el expresidente Donald Trump, quien ha retomado un papel activo en la política estadounidense en 2025, firmó una proclamación migratoria que restringe o prohíbe la entrada a Estados Unidos de ciudadanos procedentes de 19 países, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional.
Según el documento oficial, 12 países enfrentan una prohibición total de ingreso, entre ellos: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
A su vez, se aplican restricciones parciales a ciudadanos de otros 7 países, como Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán. Estas medidas limitan el otorgamiento de visas y entradas temporales, aunque contemplan excepciones para residentes permanentes legales y titulares de visas previamente autorizadas.
La Casa Blanca, a través de su portavoz Abigail Jackson, justificó la medida afirmando que los países señalados carecen de protocolos adecuados de verificación de antecedentes, presentan altos índices de permanencia irregular tras el vencimiento de visados, o no comparten información crítica con Estados Unidos.
Trump explicó en un video publicado en su plataforma Truth Social que la medida fue motivada, entre otros factores, por el reciente atentado en Colorado, cometido por un ciudadano egipcio —aunque Egipto no figura en la lista de países restringidos. En el mensaje, Trump afirmó: “No los queremos”, en alusión a extranjeros que, según él, representan una amenaza y sobrepasan los límites de sus estancias legales.
El exmandatario aseguró que estas restricciones “no son permanentes, pero sí necesarias”, y que podrán revisarse si los países implicados mejoran sus procesos de control migratorio y cooperación internacional.
La decisión ha sido calificada por diversas organizaciones de derechos humanos como una política discriminatoria que afecta de forma desproporcionada a países en crisis. No obstante, Trump mantiene que se trata de una acción «de sentido común» para proteger a los ciudadanos estadounidenses.