Corte de Miami condena a Genaro García y a su esposa a pagar más de 2 mil 400 millones de dólares.

Una corte civil de Miami dictó una sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, ordenándoles el pago de 2,488 millones de dólares por su participación en un esquema de contratos ilegales durante su gestión en el gobierno mexicano.

La resolución, emitida por la jueza Lisa Walsh, responde a una petición del gobierno de México para declarar culpables a los acusados sin necesidad de juicio, dado que ninguno de los dos se presentó a comparecer ni designó representación legal.

El fallo establece que García Luna debe restituir 748 millones de dólares, mientras que Pereyra deberá pagar 1,740 millones, al considerarse que tuvo un papel central en el ocultamiento y manejo de los fondos desviados.

Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el matrimonio facilitó que el grupo empresarial Weinberg obtuviera de forma ilícita 30 contratos con dependencias de seguridad mexicanas, generando un desfalco de más de 634 millones de dólares. Los recursos fueron triangulados a través de paraísos fiscales hasta llegar a Florida, donde fueron utilizados para adquirir propiedades y otros activos.

La UIF inició la demanda civil en septiembre de 2021 ante un tribunal de Florida, asegurando 19 propiedades relacionadas con García Luna y sus socios. De los 28 inmuebles reclamados en total, al menos 18 ya habían sido vendidos, muchos de ellos antes del inicio del litigio.

La jueza había dado plazo hasta el 28 de abril de 2024 para llegar a un acuerdo o iniciar juicio; ante la falta de respuesta de los acusados, falló a favor del gobierno mexicano.

La UIF sostiene que entre 2012 y 2018, García Luna dirigió un esquema ilegal que le permitió desviar al menos 250 millones de dólares del erario, monto que habría alcanzado los 580 millones en total, incluyendo sobornos documentados desde 2006.

Cristina Pereyra, aunque inicialmente tuvo representación legal, terminó sin participar en el proceso y no asistió a las audiencias de conciliación, lo que también derivó en su condena.