La Clínica Jurídica “Minerva Calderón” de la Universidad Ibero acompaña a 10 casos de desaparición de personas en Puebla, sin embargo, en el estado no ha habido sentencia por este delito y es necesario mejorar la procuración de justicia y considerar otros criterios.
Así lo señaló en entrevista, Simón Hernández León, académico de la institución y coordinador de la clínica, quien agregó que en los tres que lleva desde su creación han dado acompañamiento a 30 casos, pero solo dos han llegado a un juicio.
Uno de ellos está en apelación tras emitirse una sentencia absolutoria y el otro en audiencias para agosto. Dijo que los otros ocho casos están en proceso de investigación, ya sea en la Fiscalía de Puebla o en la federal.
Agregó que igual dan procesos de acompañamiento por afectaciones a familias de personas desaparecidas y cuatro casos por declaración de ausencia, pues recordó que antes de que se aprobara en el congreso la ley en eta materia se tuvo que promover un amparo para “obligar” a que se litigara.
De igual forma, respaldan los procesos que han promovido pueblos indígenas de Veracruz y Chiapas por temas comunitarios, megaproyectos y concesiones mineras y a cinco personas con padecimientos oncológicos para que tengan tratamiento en las instituciones públicas.
Ante esto, el coordinador de la Clínica Jurídica “Minerva Calderón” dijo que la problemática de la desaparición de persona es compleja, pues se debe atender desde dos dimensiones, mejorando la procuración de justicia con una fiscalía que investigue y genere elementos probatorios diferenciados a través de la prueba circunstancial.
Asimismo, la Ibero plantea que los casos de desaparecidos en Puebla deben atenderse con el uso de tecnología, testimonios y análisis de contextos, que le permita formular la acusación con un juez, pues el criterio actual es que debe existir aprueba directa de que la personas fue desaparecida, ya sea testimonio o señalamiento, pues de lo contraria no se puede imputar el caso.
Hernández León refirió que ha habido un avance en los casos de desaparecidos de Puebla, pues se ha creado un marco normativo robusto con diferentes leyes, los sistemas de búsqueda, fiscalías especializadas, aunque es un primer piso, ya que falta la aplicación de una política pública de Estado para enfrentar la crisis y tiene que ver con la coordinación estados y municipios.
Así como una mejor capacidad en las fiscalías y las comisiones de búsqueda, nuevos criterios judiciales y debe reconocerse que la desaparición es un elemento complejo y de difícil acreditación en donde en muchos casos participa la delincuencia.
“Si se puede disminuir el problema de la desaparición, pero a largo plazo, primero se deben tomar medidas para localizar a las personas, identificar a los cuerpos que están en semefos y sistematizar la información en los procesos de justicia que es el otro elemento importante, pues mientras no haya sentencias no va hacer posible avanzar”, remarcó.
Un acierto que Armenta se reúna con colectivos
En ese tenor, el académico comentó que es un “acierto” que el gobernador Alejandro Armenta Mier haya abierto espacios de dialogo con colectivos de búsqueda como lo hizo la semana pasada en dos ocasiones y que la Secretaria de Gobernación (Segob) haya mostrado apertura.
Sostuvo que se tienen que recuperar los sentires, necesidades y problemáticas de los colectivos, además de que las prácticas y experiencias que han dado resultado deben mantenerse y fortalecerse.
Asimismo, aseveró que se requieren canales de comunicación activos y abiertos, personas responsables en las áreas de gobierno, de seguridad, de procuración de justicia y de los sistemas de búsqueda que de manera fluida puedan tener dialogo con familias.
Finalmente, mencionó que también se deben crear mecanismos de verificación de los acuerdos que se den en las reuniones para evaluar periódicamente si se están cumpliendo o no.
- Edgar Guzmán Uribe.
- De ángulo.com.mx